Consejo de Estado contra la inseguridad

 

 

 

 

 

 

Antonio Di Giampaolo

 

Una de las primeras acciones que debe emprender el próximo gobierno es la convocatoria de Consejo de Estado previsto en la constitución con la finalidad  de garantizar el concurso de todas las instituciones del Estado Venezolano en la lucha contra la inseguridad personal y la protección ciudadana.  El Consejo de Estado según lo previsto en los artículos 251 y 252 de la Constitución y en la legislación respectiva tienen por  objeto la formulación   de políticas públicas sobre temas de interés nacional especialmente encomendadas por la Presidencia de la República en su condición de jefe de Estado y de Gobierno.

Se trata de una iniciativa de gestión pública que pondrá a prueba la institucionalidad del país pues el dispositivo constitucional permitirá que las altas autoridades independientemente de su postura política contribuyan  a desarrollar planes, implementar acciones  y ejecutar programas que de manera contundente  reduzcan la criminalidad y la comisión de delitos en el país.  La impunidad es quizás el mayor de nuestros problemas porque los trasgresores  no tienen respeto por la autoridad y no obedecen las leyes.  El libertador Simón Bolívar ya lo dijo  en 1823: “La impunidad de los delitos, hace que estos se cometan con más frecuencia; al fin llega el caso, en que el castigo no basta para reprimirlos”.

En nuestro país el signo de la impunidad es la corrupción pues  la posibilidad de que alguien que cometa un delito sea castigado es remota. Una persona puede delinquir y la probabilidad de que sea detenido es baja y menor aun la de que sea juzgado. Pero aun así, si finalmente resulta condenado  le resta  incluso  la posibilidad de fugarse del recinto penitenciario.  Las condiciones de reclusión son dantescas con lo cual  la eventualidad de un proceso de reeducación y reinserción es en algunos casos la consecuencia de una acción divina y  no de la puesta en práctica de la norma consagrada en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ciertamente que la criminalidad en todas sus facetas es la expresión del deterioro social, de la ineficiencia de los organismo e instituciones para cumplir cabalmente con sus responsabilidades y de la falta de voluntad de las altas autoridades de emprender las acciones pertinentes para enfrentar un problema que cobra la vida de ciudadanos, que  enluta hogares  y causa graves efectos  personales,  somete a la población a un estado de indefensión y angustia permanente, además de generar perjuicio económico  y daños materiales .  La violencia, en todas sus manifestaciones, es una característica de la sociedad en que vivimos y se requiere una acción decidida y sostenida del Estado en su conjunto para combatirla.

El asunto es complejo y existen variados análisis y diagnósticos  sobre la situación que responde a problemas de orden social y educativo. El tema de la prevención del delito, de la deserción escolar,  la generación de empleo,  la atención del ocio y la ocupación del tiempo libre, de la adopción de leyes y  la correcta y  real ejecución, el fortalecimiento de la función policial, la adopción de planes de coordinación y cooperación entre los distintos cuerpos policiales y los organismos y entes públicos son solo algunos de los aspectos que deben ser abordados.

 

 

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